Si algo caracterizó a la mayoría de los análisis que se realizaban inmediatamente después de la crisis de Argentina del 2001, fue que casi ninguno planteaba la posibilidad de una recuperación macroeconómica como la que finalmente se presentó a partir del año 2003.
La economía creciendo a “tasas chinas” desde 2003 hasta 2009 (año en que los efectos de la crisis mundial se hizo sentir)  y las perspectivas favorables por el crecimiento esperado en el consumo (interno y externo) y por el nivel de los precios internacionales de las “commodities” han fortalecido políticamente el discurso económico del gobierno y dejado a muchos “ortodoxos de los noventa” con un rosario de pronósticos fallidos sobre hiperinflaciones inminentes, corridas cambiarias o crisis fiscales, entre otras calamidades que nunca se produjeron.
Sin embargo, los problemas realmente presentes en nuestra economía exigen que se les preste debida atención y no se resolverán con meras intenciones de “profundizar el modelo”.
La palabra “modelo” merecería una definición más rigurosa que la que habitualmente se sugiere en el intenso uso que de la misma se hace en los debates. El discurso político, como conjunto de acciones para operar sobre la realidad social es, por definición, multidimensional. Las propuestas sobre la cultura, la educación, la salud, las relaciones sociales, la economía, etc.,  forman parte del proyecto que cada visión política plantea para la sociedad. Sin embargo son los logros o fracasos de la política económica los que terminan condicionando severamente al resto de las dimensiones.
En lo estrictamente económico, los “éxitos del modelo” actual, no deberían ocultar las dificultades existentes; más aún cuando la crisis en los países capitalistas centrales puede llegar a afectar a la economía argentina, tal como ocurrió en 2009 cuando el gobierno también sostenía que Argentina no sería alcanzada.
Entre esos problemas vale la pena citar el tema inflacionario, que atenta contra la posibilidad de una estrategia sería de redistribución de ingresos y afecta las posibilidades de un adecuado cálculo económico.
En Diciembre de 2003 el Índice de Precios al Consumidor (IPC), era apenas un 3.7% superior al correspondiente al mismo mes del año 2002.  En cambio, cuando expiraba el año 2006 el panorama de la economía argentina en relación a la inflación era ya desalentador; en Diciembre de ese año el IPC acumulaba un crecimiento de casi el 10% durante los últimos doce meses. La aceleración de la tasa de inflación se había transformado ya en un problema muy serio. En el año 2004 el IPC había crecido el 6.1% y en los doce meses del 2005 lo había hecho en un 12.3%. El índice de precios mayoristas también revelaba un comportamiento preocupante; considerando los datos a Diciembre con relación a igual mes del año anterior, su crecimiento (que en el 2003 había sido de sólo un 2.0%) llegaba casi al 11% en el 2005.
Probablemente la impotencia ante el fenómeno inflacionario, combinada fatalmente con torpezas técnicas, políticas y algún grado de especulación sobre el “ahorro” que significaría tener menores variaciones del IPC (por la parte de la deuda pública ajustada por el CER) condujo al Gobierno a “tocar” el Índice de Precios al Consumidor de Enero del 2007.
“Romper el termómetro de la inflación” no fue solamente una decisión equivocada, torpe y moralmente reprochable, sino que dio comienzo a una etapa en la cual el debate económico perdió la referencia imprescindible de una información que no sea cuestionable.
La pérdida de credibilidad que comenzó con el IPC se ha ido trasladando a otros indicadores. Obviamente, no tener índices de precios creíbles lleva a dudar también de los datos sobre pobreza e indigencia y, más recientemente, las sospechas se han extendido a la información sobre el nivel de actividad y la evolución del Producto Bruto Interno.
Sir William Patty,  uno de los precursores de la Economía Política, escribió hace más de tres siglos: “En lugar de emplear sólo palabras comparativas…he tomado el camino de expresarme en términos de Número, Peso y Medida…y de tomar en cuenta únicamente las causas que tengan argumentos visibles…” (Political Arithmetick, 1690). Desde entonces la economía como campo del conocimiento ha tenido avances y retrocesos, pero lo que no se discute es que para intentar explicar la realidad económica es imprescindible contar con información estadística veraz.
Que el gobierno reconozca su error, se rectifique y de  al INDEC un “shock de confianza”, hoy puede parecer una demanda utópica. ¡Pero hay utopías que son imprescindibles! Tener buena información es un prerrequisito indispensable para plantear un programa que logre reducir la tasa de inflación y coadyuvar a morigerar la puja distributiva que se ubica como causa y efectos de ese proceso.
Cualquier observador de lo que ocurre con el fenómeno de “fuga” de capitales o dolarización de los portafolios de los últimos meses concluiría que hay niveles de incertidumbre que, junto a la inflación, no contribuyen a la estabilidad del “modelo” y merecen una atención más cuidadosa que la negación del fenómeno que ensaya el gobierno.
Existen otros temas pendientes que deben ser incluidos en la agenda económico-social del próximo gobierno y, sin pretender ser exhaustivo,  los siguientes no pueden ser ignorados:

1. El sistema tributario: Argentina cuenta con sistema tributario regresivo y que discrimina en contra de las actividades productivas. A manera de ejemplo recordemos que se cobra impuesto a las ganancias a asalariados (gravando finalmente aumentos nominales de salarios porque la inflación desactualiza los mínimos no imponibles) mientras se exime a la renta financiera o a la transferencia de activos de sociedades anónimas. En relación al IVA, se impacta con una alícuota elevada a productos básicos de la canasta de sectores de bajos recursos, mientras se ha estructurado un sistema de subsidios que favorece también a empresas y al consumo de sectores de ingresos medios y altos.
2. Régimen legal del Sistema Financiero: las entidades financieras se ubican entre las empresas que reportan mayores utilidades en los últimos años. Sin embargo la disponibilidad y acceso al crédito para el sector productivo dista de ser la necesaria para financiar los niveles de inversión que garanticen la sustentabilidad del proceso de crecimiento. La demorada discusión y modificación de la ley de entidades financieras no debería diferirse más en el tiempo y diseñar un marco legal que haga factible que el capital financiero coopere con los sectores productivos de manera efectiva.
3. La cuestión federal: las relaciones fiscales de la Nación con las provincias no podrían ser más asimétricas. Un proceso de concentración que lleva años, ha terminado por acotar severamente el carácter pretendidamente federal de nuestra organización nacional. Un nuevo pacto federal es condición necesaria para la construcción de una sociedad moderna, democrática y justa. Acumular poder desde el poder, haciendo uso de recursos públicos ha sido un ejercicio frecuente en la Argentina, aunque en la actualidad parece haber asumido una intensidad mucho mayor. La discrecionalidad en la asignación de recursos públicos no solamente no se esconde, sino que se muestra abiertamente para disciplinar más efectivamente a gobernadores y legisladores. Por supuesto que ello no es sólo una cuestión ligada a la conducta de los dirigentes, necesita una sociedad dispuesta a aceptar esas formas de construcción política y las condiciones de necesidad económica reinantes en nuestro país facilitan el éxito de las mismas.
4. El argumento institucional: finalmente cabe reflexionar sobre la imprescindible necesidad de fortalecer y mejorar la calidad institucional. Esa tarea, imprescindible también, no es solamente una responsabilidad del gobierno de turno; las fuerzas políticas, económicas y sociales ajenas a la conducción política del país tienen también una responsabilidad ineludible. Es difícil concebir una senda de progreso social en un contexto de canibalismo estéril donde se privilegia la destrucción del adversario a la construcción colectiva de una sociedad mejor.
5. Medidas para prevenir los efectos de la crisis de Estados Unidos y la Unión Europea: más allá de los alardes  que el gobierno formula sobre la solidez de la economía argentina, todo parece indicar que la crisis en los países capitalistas centrales va a tener efectos significativos sobre la economía global. Argentina debería plantearse una estrategia para paliar los efectos que, en nuestro caso, llegaran principalmente por el costado comercial de nuestra vinculación con el mundo. En lugar de discursos sobre nuestra solidez se requieren previsiones (fondos anti-cíclicos, normas regulatorias, acuerdos comerciales, etc.) para afrontar las consecuencias de esta crisis.

La sociedad no debería aceptar que las discusiones sobre la política económica sean simples actos de ataque y descalificación entre los principales protagonistas. En medio de tantas agresiones, los gritos y los prejuicios ideológicos sustituyen a las ideas... ¡y muchas veces disimulan la inexistencia de las mismas!
Estas conductas exceden la dimensión de lo económico y reflejan lo deficiente que son los comportamientos políticos argentinos. Un cambio en dichas conductas sería muy saludable; cambio mediante el cual fuéramos capaces (comenzando por quienes ejercen el poder) de contribuir al desarrollo de una cultura política que nos permita marchar hacia una sociedad más democrática en lo político, más equitativa en lo social, más racional en lo económico, más integra en lo moral, y más respetuosa de sus normas, de sus instituciones y de sus ciudadanos.
La coyuntura internacional parece favorecer la posibilidad de acceder a esa realidad, aunque la crisis en los países capitalistas centrales seguramente afectará a nuestra economía, las amenazas más  serias parecen estar fronteras adentro.

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