El 16 de Abril de 2012, iniciamos un camino irreversible.
Con la recuperación de YPF
profundizaremos la defensa de nuestra Soberanía y los intereses incuestionables de la Nación Argentina.
Ings. Raúl Defagot - Luis Chernicoff
“Algunos cuestionamientos y aclaraciones”
 Cambio de reglas en el horizonte petrolero
Además de la expropiación de YPF, el proyecto que discute el Congreso establece cambios que representarían el fin de la desregulación menemista. La disponibilidad del crudo, los precios y el abastecimiento de combustibles, subordinados al interés
Público
 El tema pasó por lo general inadvertido en los comentarios sobre el contenido de la ley. Al abarcar a toda la actividad vinculada con los hidrocarburos, el alcance de esta norma afectará a todas las empresas productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras, pudiendo establecer sobre todas ellas normas de actuación ajustadas al interés público antes que a las reglas de mercado. Un ejemplo de ello, contrapuesto a la realidad actual, podría ser la hipotética decisión de obligar a las petroleras con red de estaciones en todo el país a vender sus productos al mismo precio en Capital Federal y en el interior, asegurando al mismo tiempo el abastecimiento en los distintos puntos de venta, sin discriminación. El proyecto que discute el Congreso establece expresamente en su artículo 2º, que será el Ejecutivo nacional el que “arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente”, eliminando toda ambigüedad respecto de la división de funciones entre Nación y provincias. La expropiación cambia el control de la principal empresa del sector, con posición dominante en varios de sus segmentos: YPF. Pero la declaración de interés público para los hidrocarburos impone límites a la aplicación de las leyes de mercado en toda la actividad petrolera, cualquiera sea la empresa que la ejecute. Si se aplica conforme a los alcances que le otorga la nueva norma, su sanción podría representar el fin de la desregulación. La acción privada no podrá ir en contra del “interés público nacional”, lo que significa que los ritmos de producción, los precios o el nivel de abastecimiento no podrán ser determinados en función del interés privado de lucro de una firma, si éste va en contra de aquél. La justificación para colocar al interés público por encima de las leyes de mercado es clara: el fin social que cumple el abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados. Es por ello que algunos analistas consideran que la misma definición debería ser extensiva a todos los bienes y servicios energéticos. La ley de hidrocarburos 17.319, del año 1967, establecía que las empresas concesionarias debían garantizar la máxima producción compatible con la explotación adecuada del yacimiento y una conveniente conservación de las reservas. Es la cláusula de la que se tomaron las provincias para poder rescindir los contratos a YPF aún en manos de Repsol. Pero no podían ir más allá. La nueva ley enviada al Congreso pone un instrumento mucho más poderoso en manos del Ejecutivo nacional.La desregulación menemista estableció la libre disponibilidad del crudo extraído. En la práctica, las empresas petroleras se adosaron la libre disponibilidad de las reservas, al agotarlas sin preocuparse por su reposición. También se desreguló en esa etapa la distribución de la renta, al eliminar el tributo del 10 por ciento sobre el valor del crudo que ingresaba a refinería, que se destinaba a la construcción de represas hidroeléctricas. El impacto fue que por más de una década (hasta después de 2003) no se inició una sola represa, mientras que las petroleras se embolsaron 400 millones de dólares adicionales por año.La libre disponibilidad del recurso fue responsable, además, de que desde la privatización (1993) hasta fines de la misma década se construyeran varios gasoductos, pero ninguno para el mercado interno. El país llegó a exportar un tercio de su producción (un millón de metros cúbicos por cada dos millones para el consumo local), al amparo de los remunerativos precios internacionales y mientras se agotaban las reservas. El desastre petrolero y gasífero empezó con la desregulación, ya antes de la venta de YPF a Repsol. El Título 1 de la  Ley de Soberanía Hidrocarburífera apunta a ese plano, a ese agujero negro de la política energética. La puesta en producción de todas las áreas concesionadas es un objetivo de interés público, como así también el aumento de la capacidad de las refinerías, la extensión de la red de gasoductos a todas las provincias o la provisión de gas en garrafas a precios accesibles. Lograr el autoabastecimiento y una oferta a precios razonables significará tomar decisiones en toda la cadena de valor, que la nueva ley obliga a que se rijan por el interés público y no dejarlas libradas a criterios de mercado. Las asociaciones con capitales privados que se analizan en estos días, desde la intervención de YPF, tampoco deberían seguir criterios de retribución en función del precio internacional, excesivamente elevado en relación a los costos internos; además, fluctuante en el corto plazo por la especulación financiera. A partir de la ley de recuperación de la soberanía de los hidrocarburos, el Gobierno tendrá una herramienta eficaz para establecer otro marco más favorable al interés público enunciado.
Raúl Dellatorre
 La justicia bloqueó acciones de Repsol en los Estados Unidos
Una magistrada congeló 45.212.888 títulos clase D que la petrolera hispana habríavendido de forma irregular a tenedores extranjeros. El grueso de la participación pertenecía a ex trabajadores que revistaban en YPF antes de la privatización.
En un nuevo revés para Repsol y el gobierno español luego del anuncio de la quita de su parte accionaria en YPF, la justicia del Trabajo de Tierra del Fuego resolvió suspender el ejercicio de derechos políticos y patrimoniales de las acciones que la ibérica vendió sin autorización, en 2011, a tenedores de los Estados Unidos y que originariamente correspondían a los trabajadores despedidos tras la privatización de YPF. La magistrada Edith Cristiano, al frente del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso el viernes 20 de abril dejar en stand by las 45.212.888 acciones clase D de YPF que cotizaban en la Bolsa de Valores de New York, representativas del 11,5% del paquete accionario de YPF SA, en posesión de Repsol. Los papeles en cuestión habían sido mal vendidos en marzo de 2011 por la empresa comandada por Antonio Brufau: en aquel momento, la firma violó una orden judicial emitida por el juez federal argentino Oscar Valentinuzzi, que le prohibía vender esas acciones por la existencia de un reclamo judicial realizado por la Federación de ex Agentes de YPF, integrada por 25 mil ex trabajadores que fueron despedidos de la compañía entre 1991 y 1992.
Es la clásica porción de Programa de Propiedad Participada de cerca de un 10 o 12% que los privatizadores cedieron a los sindicatos, en todas las firmas de servicios públicos y energía.
En este caso, el 10 era de los ex trabajadores y un 1,5% a otras acciones. En términos coloquiales, la operación con las acciones fue como vender una casa que está hipotecada o un bien que está inhibido.
Una acción que será un golpe para España en la consideración de la comunidad internacional, a la que trata de seducir para que apoye su reclamo por la expropiación.
En la resolución de la sentencia, la magistrada ordenó notificar de la medida a la Comisión de Valores de Buenos Aires (CNV), a la Bolsa de Valores de New York (NYSE), a la Security Exchange Commission (SEC); y a la representación en Buenos Aires del Bank of New York Mellon (BNY Mellon), como depositario y custodio de las acciones clase D malvendidas.
La operación es para Repsol un problema grave, pero no sólo con los trabajadores que reclaman participar, sino con los accionistas estadounidenses que accedieron a comprar esos papeles.
En forma clara, la decisión judicial explica que los tenedores de dichas acciones no podrán –por sí o por intermedio de representantes– participar ni votar en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; percibir dividendos, utilidades o cualquier otro beneficio económico; ejercer derecho de preferencia; ejercer el derecho a acrecer; ejercer el derecho a la información; y ejercer todos y cada uno de los derechos contemplados en el Estatuto de YPF a favor de los accionistas de dicha empresa.
Por citar un ejemplo, y si bien ayer fue suspendida temporariamente por la intervención encabezada por el ministro Julio De Vido, los tenedores de esas acciones no hubiesen podido votar en la asamblea que se iba a realizar el próximo 25 de abril, en la cual se trataría un tema tan espinoso como la capitalización de las utilidades que arrojó YPF en 2011.
“Es otro fraude de Repsol”, dijo a Tiempo Argentino Rubén Leto, letrado patrocinante de los ex trabajadores y quien ayer se encargó de notificar a la intervención de YPF sobre la situación.
El abogado agregó que “es un delito gravísimo cometido por Repsol, porque estafaron no sólo a los trabajadores, sino al Estado argentino y a miles de accionistas de la comunidad internacional.”
La suspensión de la acción se ordenó hasta que se defina la causa de fondo, que es la recuperación de esa parte accionaria nunca cedida por Repsol a los trabajadores.
Pero la operación irregular de Repsol tendrá un importante impacto político: ayer, en los pasillos del edificio de Puerto Madero donde actúa la intervención, ya se observaba este caso como clave a la hora de negociar con el Tribunal de Tasación el precio del 51% de las acciones expropiadas por el Estado a Repsol.
“Claramente, esto desvaloriza a la empresa, ante nosotros y ante el mundo, baja su credibilidad”, explicó a este diario un hombre que gestiona a diario la compañía.
La misma fuente advirtió que los problemas para Repsol recién empiezan. Tanto para la ley argentina como para la estadounidense, la venta irregular de acciones es un delito penal, que además está sancionado con nulidad.
Esto quiere decir que Repsol debería reconocer su error ante los acreedores, recomprar la acción y devolver el dinero que se pagó por ellas. Nada sencillo, ya que habría que hacer un recálculo de las ganancias acumuladas de la acción.
“Yo le diría a Rajoy que mire lo que hacen los suyos en lugar de pedirle a la Argentina que negocie, es un verdadero escándalo internacional que se suma a otros delitos como los pasivos ambientales que deja Repsol”, concluyó Leto, quien confió que “estamos muy entusiasmados con la recuperación de YPF, y ojalá derive en la recuperación de la participación de los trabajadores.
Leandro Renou
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