por Nelson Gustavo Specchia
Profesor de Política Internacional,
Director de la Maestría en Calidad (UTN-Córdoba)

Durante más de medio siglo, los países europeos fueron receptores de un movimiento migratorio que devolvía a las costas mediterráneas a muchos hijos y nietos de aquellos que, en las décadas anteriores, habían cruzado el Atlántico con dirección hacia América. Las motivaciones fundamentales de ambas oleadas tuvieron raíces económicas, aunque con las características particulares de las diferentes facetas históricas. Pero ha sido muy importante y sostenido el flujo de latinoamericanos hacia el viejo continente, especialmente ingresando por la puerta española. Un flujo que tuvo en los últimos años picos simbólicamente altos, como aquellas recordadas colas de argentinos frente a los consulados de España y de Italia durante la crisis de 2001.

La coyuntura internacional, sin embargo, ha vuelto a cambiar las tornas, y el momento de expansión económica y baja conflictividad que atraviesa América latina en general, combinado con la dureza con que el liderazgo europeo está haciendo frente a la debacle del financiamiento del sector público, hace prever un estancamiento de los flujos migratorios hacia Europa, e inclusive un cambio –de momento, aún leve- en la dirección del movimiento de grupos humanos. La salida de griegos y de irlandeses (especialmente hacia los Estados Unidos) ha hecho saltar algunas alarmas, y con el comienzo de este año comenzó la salida de españoles (hacia los países nórdicos primeros, pero ya han comenzado a llegar algunos grupos a América del Sur). La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una de las principales usinas de ideas de Europa, hizo público a fines de noviembre del año pasado, en París, un informe lapidario sobre las tendencias del futuro económico europeo, y aseguró que el período de recesión será prolongado. Con ello, y si se mantienen las tendencias históricas, la Argentina volverá a ser destino prioritario. Después de los peninsulares llegados a nuestras tierras en el período colonial, la segunda gran oleada, alrededor de los años ’40 del siglo XX, trajo a más de dos millones de españoles, en un 70 por ciento gallegos: Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo con mayor población de gentes de Galicia, después de La Coruña. Y en el último censo (2010) todavía se registraban más de cien mil españoles residentes estables en el país.

La llegada de nuevas corrientes migratorias a las costas americanas constituye, además de un desafío de integración social, una nueva ventana de oportunidad de importancia considerable. Especialmente porque, a diferencia de las oleadas anteriores, los colectivos de emigrantes actuales se integran por universitarios, técnicos, y personal altamente cualificado, que no encuentra ocupación en los mercados laborales cada vez más restrictivos, ni las medidas de contención social que fueron propias del “Estado de Bienestar” de posguerra (como el subsidio por desempleo), que van desapareciendo rápidamente con las actuales medidas anti-crisis.
 
En la última Cumbre de Bruselas, a fines de enero, se esfumaron las últimas posibilidades de una vía alternativa en la gestión de la crisis estructural que atraviesa Europa, y la reunión de líderes ratificó la receta que la Canciller alemana, Ángela Merkel, viene imponiendo como discurso único a sus colegas. Los 17 países que comparten la moneda común (la “eurozona”), más todos aquellos socios comunitarios que quieran voluntariamente adherirse (Reino Unidos y República Checa ya anunciaron que se quedarán afuera), consensuaron en la Cumbre un nuevo Tratado intergubernamental, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013. La nueva herramienta consagra la denominada “regla de oro”: ningún Estado-miembro podrá tener un déficit público superior al 0,5 por ciento de su Producto Bruto Interno, y todos tendrán que modificar sus Constituciones para incorporar esta obligación a las leyes fundamentales nacionales.

El nuevo acuerdo multilateral, denominado “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”, viene a satisfacer la idea fija de la señora Merkel, según la viene repitiendo desde que estallara la crisis: el crecimiento será un producto de la disciplina presupuestaria. (1) Alemania no está dispuesta a seguir financiando a países (especialmente a los mediterráneos) que no hagan esfuerzos para limpiar sus cuentas, achicar el déficit público, y terminar con los subsidios sociales.
 
Pero la rigidez hecha norma y ley comunitaria en la Cumbre de Bruselas hipoteca seriamente, a un nivel generacional, el futuro del continente, y aumentará la salida de colectivos migrantes. Ya no se trata sólo de la idea del “Estado de Bienestar” de posguerra, ni de las discusiones ideológicas en torno a mayores o menores niveles de cobertura asistencial. Por el contrario, las mediciones y prospectivas sociológicas, y los porcentajes de población (especialmente en franjas etarias muy sensibles, como la infancia y la juventud) que están quedando fuera del sistema, dibujan un escenario de futuro preocupante.
 
La clase media ha sido la base de sustentación de la pirámide socio-económica europea, y esa clase media es la que más acusa el impacto de la crisis. Además, es la que se verá más afectada por las consecuencias de las recetas de ajuste. Según las últimas mediciones sociológicas, la desocupación laboral ya alcanza a 23 millones de personas. Pero lo más significativo es que en ese grupo, más de una quinta parte son jóvenes menores de 25 años (5.579.000 al 30 de enero)(2) que aún no han conseguido –ni conseguirán en lo inmediato- su primer trabajo. Donde la crisis ha hecho mella –y donde, paradójicamente, el achique al gasto público se aplicará al pie de la letra- esta incidencia juvenil trepa hasta la mitad del total de desocupados. En España, donde el nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que llevará el déficit al cero, por debajo aún de la “regla de oro” insertada en la Constitución, la tasa de desempleo de menores de 25 años llega al 49,5%. En Grecia es del 46,6%, y en Italia –la tercera economía europea- llega al 30%. En Portugal e Irlanda esos porcentajes son del 30,7% y del 29,3%, respectivamente. En ninguno de estos colectivos sociales hay posibilidades de corrección de la actual situación, y sí, en todos los casos, las políticas de austeridad aumentarán la base numérica de desocupados y profundizarán la exclusión.

Como no había vuelto a verse desde mediados de la década de los ’40 del siglo XX, cuando la posguerra mundial, la indefensión, las enfermedades y el hambre alumbraron la última “generación perdida”, las alarmas han comenzado a saltar en los gabinetes socio-demográficos. En tres años, la población europea en situación de pobreza y exclusión ha pasado de 85 millones a 115 millones de personas: 30 millones en tres años, una velocidad inusitada.
 
Además de los Estados mediterráneos, en los países centrales también hay semáforos amarillos: Londres registra una de las mayores tasas de pobreza infantil de toda la Unión Europea, una postal dickensiana en la postmodernidad. En Islandia, otra de las que fueron sólidas economías de bienestar hasta hace unos pocos meses, los índices de pobreza se han disparado tras el colapso bancario, y han acercado el escenario nórdico al de las sociedades post-soviéticas de la Europa del Este. En el borde oriental la situación que ya era mala va a peor: Bulgaria registra un índice de pobreza y exclusión del 46,2 por ciento del total de su población total; el de Rumania es apenas menor: 43,1%. Y ahora ni siquiera está la salida de migrar hacia el Oeste: en Madrid, uno de cada cuatro niños ya vive en situación de pobreza.

Algunos símbolos son aún más fuertes que las estadísticas: los sindicatos de maestros de Atenas ya van denunciando varios desvanecimientos de alumnos en escuelas primarias, adjudicados a deficiencias en la dieta.

N. G. Specchia, “La próxima ‘generación perdida’ de Europa”, en Hoy Día Córdoba, 3 de febrero de 2012

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